Eric Andrade Ramírez, pasante de medicina de 24 años, fue asesinado el viernes pasado, 15 de julio, mientras atendía a dos pacientes en una clínica de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango. Esto no es un hecho aislado, dicen estudiantes de medicina en servicio social de diferentes estados, quienes han vivido violencias y luchan ahora por integrar un movimiento nacional que las visibilice y genere una mejora en las condiciones en las que realizan sus pasantías. 

“Queremos que la población sepa que el caso del compañero Eric no es un caso aislado. Solo que es muy difícil denunciar. Hay miedo a los grupos criminales, pero también a las autoridades porque nos amenazan con que no nos vamos a titular. Hasta de reportar acoso de pobladores o de los pacientes hay temor, porque después si no te mueven del lugar, te quedas en mucho riesgo”, dice una pasante de Durango, que prefiere que no se haga público su nombre. 

Sin embargo, la médica en formación afirma que a raíz del asesinato de su compañero Eric Andrade se han intensificado los reportes de violencia por parte de los pasantes y que están tratando de integrar un movimiento con otros estados para visibilizar esto. 

El mismo incrementó en las denuncias verbales y los casos de riesgo señalan Eva Pizzolato, representante de la Asamblea Nacional de Médicos Pasantes, y Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo de Médicos en Formación. 

“Hemos recibido reportes por violencia en estados no solo del norte, también en Michoacán, por ejemplo, donde hay compañeros que reportan que llegan integrantes de grupos criminales a tomar los lugares y hasta se meten a sus casas. También hay casos en los que los secuestran por atender a policías a los que el crimen organizado quiere eliminar o para atender a sus propios compañeros”, señala Castañeda. 

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También es frecuente, dice, que se reporten casos en los que los pasantes escuchan las balaceras y lo único que pueden hacer es encerrarse en las clínicas. 

Eso justo le pasó a una médica en servicio social, a quien llamaremos Martha. Ella realiza su pasantía en una comunidad de Michoacán, en la parte donde empieza tierra caliente. “Yo estoy en la cabecera municipal, pero a unos 20 minutos hay un pueblito. Hace unos meses, un día en la mañana estaba yo en la clínica, salí por un paciente y vi mucho humo. Lo primero que pensé fue que era un incendio, pero los mismos pobladores me dijeron, no, doctora, ya llegaron los malos”. 

Martha dice que en esos hechos, grupos del crimen organizado asesinaron a personas y saquearon y quemaron casas. “Al rato de que vimos el humo, empezaron a pasar helicópteros de la Guardia Nacional y por la tarde, la familia de una compañera nos confirmó que los malos habían quemado casas y matado a personas”. 

La pasante habló con el responsable de la clínica, preocupada sobre todo por las guardias nocturnas que le toca hacer. “Yo me quedo los fines de semana en la noche, le dije que qué iba a hacer si un día llegaba a tocarme gente armada para que los atendiera, me dijo que no pasaba nada, que solo me encerrara y ya”. 

La joven acudió entonces a la jurisdicción sanitaria para quejarse, pero solo encontró como respuesta que así era el servicio social, riesgoso, y que si pretendía que la cambiaran a otro lugar, no era solución porque en muchos lados estaba igual. 

“Yo ni siquiera quería que me cambiara de lugar, solo pedía que equiparan bien la clínica, porque si llega gente armada a pedir el servicio y no hay con que atenderlos, se enojan y nos ponemos en mucho riesgo”. 

Ese es el mismo temor de otra pasante, a quien llamaremos Laura. Ella dice que también le tocaba hacer guardias los fines de semana en la noche, cuando se quedaba sola con el pasante o la pasante de enfermería y el personal de farmacia. “Una vez empezamos a escuchar detonaciones como a las 10 de la noche, duraron unos 10 minutos, se calmaron media hora y volvieron a empezar. Vimos pasar muchas patrullas. Optamos por solo encerrarnos. Al rato llegó gente herida a tocar. No le abrimos porque ni tenemos con qué atenderlos. Por suerte se fueron”, cuenta. 

Pero al día siguiente, otra vez hubo balacera. “Yo le dije al director de la clínica que por lo menos me quitara las guardias de fines de semana en la cabecera municipal, donde estaban los balazos. Me dijo que no me podía quitar las guardias. Tuve que meter muchos escritos a la jurisdicción para lograr no estar en la clínica los fines de semana en la noche, cuando más había balaceras”. 

Pizzolato comenta que hay compañeras pasantes en mucho riesgo, justo porque están solas en las clínicas y la infraestructura para mantenerlas a salvo es deficiente. “Tenemos el reporte de una pasante que nos dice que la chapa de la puerta del cuarto donde debe dormir no tiene chapa, solo un alambre, así que prefiere dormir en la clínica, donde por lo menos hay cerradura”. 

Al tener que vivir en las comunidades, porque están lejanas de sus casas o en lugares con transporte poco accesible, muchos pasantes quedan a disposición de la gente las 24 horas del día, todos los días de la semana y eso también los pone en alto riesgo. 

“Llega la gente con una emergencia y llegan desesperados. Los pasantes no tienen material o insumos para atenderlos y se enojan. Eso ha pasado siempre, solo que ahora la gente está armada y los pasantes están en mucho peligro, no solo frente a los integrantes del crimen organizado, también frente a los pobladores”, asegura Castañeda. 

Y es que, además, hay casos en los que las y los pasantes están solos en las clínicas, sin un personal médico titulado que los guíe. “Los usan para suplir los puestos que deberían ser de un médico general adscrito. Se ahorran esos sueldos porque les pagan muy poco de beca. Y no hay nadie que los guíe. En el servicio social, los pasantes aprenden a costa de la gente de menores recursos”, dice el coordinador del Colectivo de Médicos en Formación. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2021, en 1,586 clínicas del país de esta dependencia (11% del total, que son 14 mil 216), ubicadas en las comunidades más pobres y alejadas, todo el personal médico eran pasantes, no se contaba con médicos titulados.

A raíz del homicidio de su compañero Eric Andrade —a quien le dispararon después de que llegara un grupo de hombres a la clínica de Pueblo Nuevo, Durango, a pedir atención médica para dos jóvenes que presuntamente estaban intoxicados con alcohol y drogas y empezaran a pelear entre ellos— y con todo lo que enfrentan en el servicio social, los pasantes han empezado a organizarse. 

No solo ha habido marchas y protestas en Durango. Junto con pasantes de otras entidades, como Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, los compañeros de Andrade están levantando la voz. 

“Estamos en charlas, intercambiando información, diseñando pliegos petitorios. Nos está apoyando la Asamblea de Médicos Pasantes y el Colectivo de Médicos en Formación para generar un movimiento nacional. Queremos que la gente sepa que no es que no queramos atenderlos en las comunidades alejadas, es que ni tenemos con qué, muchas veces no hay ni material de sutura para quienes trabajan en el campo y llegan con una herida por alguna herramienta”, dice la pasante de Durango. 

Y agrega: “sabemos que se requieren muchos cambios y que algunos van a implicar tiempo porque incluso habría que cambiar la legislación, pero por lo pronto pedimos que se retire a los pasantes de las clínicas que no están bien equipadas y no tienen una infraestructura adecuada, a veces no hay ni cerraduras en las puertas y las bardas con un brinco se saltan”. 

Pero la pasante dice que sobre todo piden justo que esas clínicas se equipen bien, para que ellos puedan realizar su labor. “No pedimos solo seguridad para nosotros, también atención digna para la gente”. 

Pizzolato también dice que se está pidiendo que se contrate a personal titulado en todas las clínicas y para todos los turnos, en lugar de usar a los pasantes para llenar estos espacios. Otra demanda es que se reduzca el tiempo de servicios social. “Los médicos hacemos un año de servicio cuando en todas las otras profesiones solo dura seis meses”. 

Una petición más es el aumento en las becas, que van de los 2 mil 200 a los 3 mil 500 al mes, dependiendo de que tan alejada y marginada esté la comunidad donde se realiza la pasantía. 

“Lo que se les está pidiendo a los médicos pasantes es que elaboren un pliego petitorio por estado y lo lleven a las autoridades educativas y de salud. A nivel federal pretendemos contactar con la Secretaría de Salud, ya con todas las exigencias recabadas, también con la Secretaría de Educación y con el poder legislativo para que se inicien los procesos necesarios para mejorar las pasantías”, precisa Pizzolato.

Todas las elecciones son históricas, pero unas más que otras. Todas las elecciones buscan un cambio, pero unas más que otras.

Lo que vive Colombia este domingo en las presidenciales promete ser histórico por la dimensión del cambio que puede significar.

Todos los candidatos, incluidos aquellos cercanos al gobierno saliente de Iván Duque, proponen un cambio; sea este moderado, profundo o conservador. Pero cambio.

Más del 85% de los colombianos piensa, según la encuesta Invamer, que el país va por mal camino. Desde los años 90, el momento más agudo del conflicto armado, no se reportaban números de pesimismo tan altos.

La política colombiana, a pesar del récord de violencia, se ha destacado por ser una de las más estables de América Latina: acá no hubo golpes de Estado, ni regímenes de facto, ni un gobierno que marcara una ruptura con los anteriores.

Pero esa estabilidad, también manifiesta en una economía sin altibajos, tiene sus críticos. O es considerada una “farsa” por una gran cantidad de colombianos que aluden a la violencia y a la desigualdad, una de las más altas del mundo, como resultados de gobiernos “oligárquicos” y “corruptos”.

Esos colombianos, la mayoría de ellos jóvenes, ahora parecen empoderados. Muchos de ellos llenaron las calles en 2019 y 2021, en olas de protestas inéditas para un país ensimismado por la guerra durante décadas.

El proceso de paz firmado con la guerrilla en 2016 parece haber abierto una caja de pandora de demandas sociales, económicas y culturales.

Al sentimiento de indignación hacia lo que acá llaman “el establecimiento” se añaden dos elementos sensibles: la crisis económica heredada de la pandemia, que aumentó el desempleo, la pobreza y la informalidad laboral, y un conflicto armado que amenaza con resurgir.

Todo esto ha hecho que los colombianos, en contra de todo pronóstico, se hayan puesto de acuerdo en algo: que hay que cambiar.

La pregunta, y eso es lo que tendrán que definir en estas presidenciales, es cómo y cuánto.

Las encuestas vaticinan que la de este domingo será la primera de dos rondas electorales. Para ganar en primera vuelta se necesita la mitad más uno de los votos, una ventaja que, según las encuestas, ningún candidato tiene a su favor.

En el tarjetón habrá ocho opciones, pero dos de ellas ya se retiraron.

Para sumar a las facetas inéditas de esta elección está que por primera vez existe un manto de dudas sobre el proceso electoral: los candidatos han declarado estar preocupados por la falta de garantías del sistema de votación. El terreno, quizá en como ninguna otra elección reciente, está embarrado.

El líder de las encuestas es Gustavo Petro, un viejo conocido de la política nacional cuyo triunfo, sin embargo, significaría una ruptura en la historia. La larga campaña ha estado marcada por su figura, que desafía a los gobernantes “de siempre”. Incluso existe la mínima posibilidad de que gane en primera vuelta.

Un gobierno de izquierda como el que él propone sería un hito histórico para un país sin experiencias realmente progresistas o revolucionarias en el poder. Muchos lo ven como “un salto al vacío”.

Exguerrillero del M19, valiente congresista y polémico alcalde de Bogotá entre 2012 y 2016, Petro ha hecho una carrera política a partir del enfrentamiento con la clase política gobernante y de la denuncia de la corrupción y la violación de derechos humanos.

Esta es la tercera vez que se lanza a la presidencia. Ahora propone un “pacto histórico” que congregue “diferentes”, al que se han adherido políticos de todas las ramas, incluidos algunos cuestionados en el pasado por el mismo Petro.

Su personalidad, catalogada por algunos como de “déspota” y “megalómana”, le genera un rechazo y una desconfianza que pueden pasarle factura en segunda vuelta.

El economista, especializado en medio ambiente, propone profundas reformas en pensiones, salud, educación, impuestos y subsidios. Promete una reforma agraria, pendiente por décadas en un país de enorme desigualdad en la propiedad de la tierra. Asegura que va a transformar la economía extractiva basada en exportaciones por una industrialista y agrícola con altos aranceles a las importaciones.

Su programa, de ser ejecutado, supondría un shock para un modelo económico que no sufrió grandes cambios por décadas. Un programa que asusta a algunos e ilusiona a otros. Y que vaticina un choque de poderes que puede traducirse en ingobernabilidad.

“Llegó el momento”, pregonó Petro en su cierre de campaña en Bogotá. “No necesitamos fusiles como ellos ni apuntar con una escopeta de gases lacrimógenos a nadie. Ni todos los fusiles juntos podrían cambiar la historia como sí lo puede cambiar un esfero (un bolígrafo). Un esfero es más importante que un fusil y lo vamos a demostrar”.

“El domingo cambiaremos la historia de Colombia”, dijo.

En el segundo lugar de las encuestas está Federico Gutiérrez, mejor conocido como “Fico”.

Alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, Gutiérrez es el candidato más cercano a la derecha gobernante, aunque él se percibe como una opción de “cambio responsable” que busca “cambiar lo que no sirve y mejorar lo que sí sirve”, sobre todo en términos de seguridad y creación de empleo.

El ingeniero civil de 47 años se presenta como el “presidente de la gente” y usa un lenguaje simple e informal para sustentarlo. Dice haber ejecutado el 95% de su plan como alcalde. Su gran ventaja es el apoyo de los partidos tradicionales y las grandes élites regionales ligadas al empresariado. Esa es la fuerza que ha definido quién es presidente prácticamente toda la vida.

“Sí necesitamos el cambio”, exclamó en su arenga de cierre en Medellín.

“Un cambio que signifique un país sin hambre, sin odios, sin discursos de lucha de clases, sin corruptos y sin violentos”.

“Unamos a Colombia”, clamó, en lo que ha sido una de sus principales líneas de campaña: la unión.

El tercero en la mayoría de las encuestas es Rodolfo Hernández, una de las revelaciones de la elección.

De 77 años, el empresario de finca raíz y exalcalde de Bucaramanga ha hecho una campaña novedosa a través de TikTok, ejecutada por decenas de jóvenes que él llama “la muchachada” y en la que se presenta como un arrollador de la corrupción. Un personaje del común hastiado con quienes gobernaron este país.

No es claro si es de derecha o de izquierda, si votó sí o no por el acuerdo paz de 2016 con la guerrilla, pero promete reducir el gasto público, bajar impuestos, condonar deudas estudiantiles, modificar las prisiones y negociar con las guerrillas vigentes.

Desconocido a nivel nacional hace seis meses, el discurso chabacano y vehemente de Hernández parece seducir a la gente, de edades y clases diversas, sin ideología política pero preocupada por la corrupción y el clientelismo históricos. La gente que ve atractivo un candidato diferente, un “outsider”.

Si avanza a la segunda vuelta, como revelaron algunas encuestas justo antes de la veda electoral hace una semana, sería un sacudón para la campaña. El timing de su subida pudo haber sido perfecto.

El último candidato que en las encuestas tiene cierta chance de calificar a la segunda vuelta es Sergio Fajardo, quien hace cuatro años no entró por apenas 200.000 votos de diferencia con Petro.

El también exalcalde de Medellín, crítico de la derecha y de la izquierda, representa un “cambio sin rabia” que acabe con la polarización y una a los colombianos. Fajardo es un obsesivo de las formas, de la ética, de la decencia, del perjuicio de los atajos y el utilitarismo: “Como se llega al poder, se gobierna”, suele decir.

El doctor en Matemáticas ha sido uno de los grandes impulsores de la educación como base de los cambios económicos y políticos que pide Colombia. Tiene de su lado a economistas, ingenieros y gestores culturales de reconocimiento internacional.

La diferencia del Fajardo de ahora con el de hace cuatro años no es grande en términos discursivos ni programáticos. Su campaña ha estado plagada de errores y divisiones. Eso en parte explica una caída en las encuestas que él pide no tener en cuenta, sino “votar a conciencia”.

Aunque históricamente la abstención en Colombia ha sido alta, hasta ahora los colombianos nunca eligieron una opción de cambio tan drástica como la que podrían significar Petro o Hernández.

Solo el hecho de que ellos tengan opciones de ganar ya es un desarrollo histórico.

El hartazgo con el estado de las cosas es notable e inédito. Pero además se da tras una profunda transformación de las prioridades y preocupaciones de la gente.

Durante décadas los presidentes fueron elegidos por su postura ante el conflicto armado, las guerrillas, el terrorismo. Eso explica la inmensa popularidad de Álvaro Uribe en los últimos 20 años.

Pero este año la cosa cambió. Uribe, de hecho, está casi ausente en la campaña. El silencio sobre la guerra asombra. En su lugar se habla de pensiones, racismo, desigualdad, corrupción, medio ambiente.

Los colombianos, por primera vez, esperan cambios de fondo en estos temas. Y ahora irán a las urnas en busca de alguien que pueda ejecutarlos.

El país ya cambió. Ahora veremos si sus gobernantes también.

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